Esa terrible tarde del 15 de agosto del 2007, las actividades en el hospital Arzobispo Loayza transcurrían en esa cotidiana estrechez con la que sobreviven los hospitales públicos. Sus pabellones desbordaban de pacientes, mientras la sala de emergencia tenía todas sus camas ocupadas, un solo desfibrilador contra paros cardíacos y ningún respirador mecánico.
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